En España, el 8 de marzo ya se habían contagiado más de 600 personas del COVID19. Treinta habían recibido el alta y 18 habían fallecido. Apenas un mes más tarde, la cifra de infectados ascendía a más de 135.000, los muertos se elevaban hasta 13.055 y el número de altas era de 40.437.
La sanidad pública española pasa por ser una de las mejores de la UE. En términos de asistencia su vocación es universal, por tanto, ningún ciudadano corre el riesgo de no ser atendido. Sin embargo, a raíz de la crisis económica global desatada en 2008, el tejido sanitario ha sufrido muchos recortes. Aunque los recortes han sido generales no se han experimentado por igual en todo el Estado. Esto es así porque la sanidad es uno de los ámbitos que están transferidos a las Comunidades Autónomas. De facto, existen 17 circunscripciones sanitarias en el país.
Una de las primeras medidas adoptadas por el Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo fue crear un mando único centralizado de todos los aspectos de gestión del país, empezando por la sanitaria. Un mando único, comandado por el Ministerio de Sanidad, que paradójicamente es uno de los menos dotados en efectivos y presupuesto en cualquier Gobierno de España.
El primer problema que enfrentó el ministro Illa fue precisamente el de coordinar de manera armónica a 17 consejeros de salud. Estas dificultades, primero tuvieron que ver con la vocación autosuficiente de algunos de ellos (pe. Euskadi, Cataluña o Madrid) y después con la falta de material básico de protección o con las insuficientes dotaciones de las unidades de cuidados intensivos.
En la estrategia sanitaria del Gobierno, el confinamiento ha sido clave. Desde un primer momento, esta medida se ha mostrado como la más eficaz a falta de una vacuna que prevenga el contagio. Con las sucesivas prorrogas del confinamiento, el Gobierno ha procurado evitar el colapso de la red sanitaria y proteger, en la medida de lo posible, a los profesionales de la salud que operan en la primera línea de defensa contra el COVID19.
El colapso se ha rondado. Algunos hospitales y algunas regiones lo han vivido muy de cerca, pero aparentemente parece que en esta oleada se ha sorteado. La salvaguarda de los profesionales sanitarios ha tenido menos éxito. Sus guardias infinitas, una de las claves para evitar el colapso, los han sobreexpuesto al contagio. Una situación de riesgo que se ha visto amplificada por la ausencia de material de protección adecuada. El 7 de abril, apenas un mes después del estallido del COVID19 en España, casi 20.000 contagiados pertenecen a este estratégico colectivo.
En términos de investigación, distintos centros tecnológicos, grupos de investigación de universidades y centros hospitalarios compiten en la carrera mundial por descubrir y producir industrialmente la primera vacuna eficaz contra el COVID19 y sin efectos secundarios que puedan poner en riesgo al paciente. Las voces más optimistas dibujan un horizonte de un año para que esto pueda ocurrir.
POLÍTICA: CONSENSOS IMPOSIBLES
La declaración del Estado de Alarma arrancó en España con ligeras críticas del principal partido en la oposición (Partido Popular) por la demora en la adopción de esta medida. En el mismo sentido se manifestó el presidente de la Generalitat de Cataluña (Quin Torra) aunque su repercusión fue más enfocada hacia el ámbito internacional (entrevista en la BBC criticando al Estado español) que en el nacional).
Las críticas hacia el Gobierno (PSOE -centro izquierda- y Unidas Podemos -extrema izquierda-) se han ido haciendo más intensas a medida que ha avanzado la crisis. En resumen, estas han sido cronológicamente las acusaciones y las respuestas del ejecutivo de Sánchez.
Celebración del 8M. Especialmente procedentes de los partidos de todo el arco parlamentario de la derecha. Se acusa al Gobierno de haber propiciado el contagio al permitir la celebración de las manifestaciones del Día Mundial de la Mujer. En los siguientes días, dos ministras y la mujer del propio Sánchez dieron positivo en coronavirus.
La réplica del Gobierno es que siguió indicaciones de su comité de expertos y científicos y que nadie en la Unión Europea actuó de manera distinta. También replican que VOX (extrema derecha) celebró un mitin multitudinario y que el PP envío un nutrido grupo de parlamentarias a la convocatoria del 8M en Madrid.
Uso del ejército. Los nacionalistas catalanes y vascos criticaron al Gobierno tanto por la asunción de un control centralizado de sus sistemas sanitarios (en España los servicios sanitarios dependen de cada región) como por el empleo del ejército en tareas de vigilancia, desinfección y servicios logísticos.
La réplica del Ejecutivo fue que la dimensión de la crisis obligaba a una gestión centralizada para coordinar todos los recursos públicos (y privados, que fueran necesarios) así como el empleo del Unidad Militar de Emergencia -a la que se han ido sumando otros efectivos de las Fuerzas Armadas- como refuerzo de Policía nacional y local y Guardia Civil.
Compra material sanitario. Prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria fuera del Gobierno han criticado en algún momento la demora en la compra, llegada y distribución de material sanitario: especialmente mascarillas, guantes y respiradores automáticos. Del mismo modo, se ha criticado los sistemas de distribución entre las distintas regiones. El pico álgido de estas críticas se corresponde con la adquisición de una partida de hasta 600.000 test para detectar la enfermedad que estaban defectuosos.
La réplica del Gobierno se ha basado en las dificultades que se han encontrado en un mercado global totalmente colapsado, en que la distribución interna siempre ha seguido un criterio de prioridades objetivas, y que la compra del lote defectuoso se subsanará bien con la devolución del dinero bien con la entrega de una partida en buenas condiciones.
Medidas económicas. Han sido, sin duda, el eje de las principales críticas dirigidas al ejecutivo. Proceden, sobre todo, de los partidos del espectro de derechas, pero también se han formulado por los nacionalistas vascos y catalanes. Se trata de medidas de un marcado carácter social que han intentado salvaguardar el empleo por encima de cualquier otra consideración. El titular ofrecido por la ministra de Trabajo (se prohíbe el despido durante el confinamiento) provocó un auténtico terremoto entre empresarios y partidos de la oposición. Desde estos ámbitos, se consideró que se había generado un clima de sospecha contra las empresas totalmente injusto.
La réplica. El Gobierno ha intentado atemperar los ánimos matizando sus declaraciones, pero aquí se evidencia el pulso entre la facción de Unidas Podemos y la socialista. No hay un mensaje único y claro.
Falta de consensos. A raíz del malestar generado por las medidas económicas, las voces críticas con el Gobierno se han intensificado en torno a la adopción unilateral de decisiones como la paralización total de la actividad económica (especialmente criticada por los nacionalistas vascos). Esta corriente ha roto la lealtad institucional comprometida al inicio de la crisis por todos los partidos presentes en el Parlamento español.
La réplica. Además de incrementar sus contactos, el Gobierno intenta frenar la convulsión política apelando a un gran consenso de Estado. Se apunta a la reedición de los Pactos de la Moncloa activados por el presidente Adolfo Suárez hace casi cuarenta años en plena transición hacia la democracia.
De momento, la valoración del Gobierno evoluciona mal según diversos barómetros. Dos encuestas recientes: Barómetro de ‘ABC’/GAD3: dos de cada tres españoles creen que el Gobierno oculta información sobre el virus. El 60% habla de falta de previsión. Encuesta de Gesop/’El Periódico’: la valoración gubernamental se desploma. Un 44% creía hace unos días que el Gobierno gestionaba bien la crisis y un 31,6% que lo hacía mal; la tendencia se ha invertido: ahora un 38,4% lo ve mal y un 32,5% bien.
Esta aparente desconexión ha llevado a Sánchez a buscar fórmulas de consenso recuperando el formato de los “Pactos de la Moncloa” que sirvieron hace 40 años para aglutinar a toda la esfera política española en una evolución pactada desde la dictadura franquista al actual sistema democrático. De momento, el actual llamamiento no ha tenido una calurosa acogida. El principal partido de la oposición -Partido Popular- ha evidenciado su escepticismo ante este llamamiento y parece poco probable que sume a esta iniciativa en su actual convocatoria.
ECONOMÍA: EL ABISMO DE LA UE
Los datos registrados en el mes de marzo reflejan el impacto extraordinario producido por la crisis sanitaria del COVID-19 en el empleo. Este episodio ha cambiado la tendencia en la evolución del paro con que se inició el mes de marzo. En los primeros 12 días del mes el número de desempleados registrados se había incrementado en 2.857 personas. Al término del mes, la lista de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal ha sumado 302.265 nuevos demandantes en marzo respecto al mes de febrero, lo que supone un aumento del 9,31%. Con este incremento, el total de desempleados en España se sitúa en 3.548.312.
A pesar de las medidas de defensa del empleo puestas en marcha por el Gobierno, las empresas se han visto obligadas a rescindir contratos como medida urgente para evitar su cierre. El tejido empresarial español está integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y por trabajadores autónomos. Todas ellas comparten un denominador común: tesorerías muy ajustadas que apenas les conceden autonomía sin acudir a drásticos recortes en los gastos. El ejecutivo de Sánchez -supuestamente condicionado por Unidas Podemos- ha intentado utilizar a las empresas como freno del desmantelamiento económico: por un lado, les prohibía despedir, por otro, las ayudas prometidas no llegaban, tardaban en hacerlo o estaban llenas de trabas burocráticas. Y para completar el contexto, el Estado -con un déficit complicado- no se ha podido permitir ni la condonación ni la prórroga de los impuestos a las empresas. Conclusión: la cifra de paro de abril será peor que la de marzo.
Con todo, a esta situación que podría se coyuntural hay que agregar el impacto de la crisis en el principal sector económico del país: el Turismo. España es el segundo país del mundo que más turistas acogió en 2019; 83 millones. Sólo por detrás Francia (90M) y por delante de EE. UU (79,6). La crisis del COVID19 no ha dejado ni siquiera disfrutar del primer punto álgido de la temporada (Semana Santa) y el sector asume que tampoco podrá operar en verano. El año 2020 se da por perdido. La caída de la actividad económica, que la Confederación de Empresarios (CEOE) estima en un 50%, puede alcanzar el 75% en el Turismo. Un porcentaje que conllevaría la pérdida del 80% de los 2,8 millones de empleos que genera anualmente.
Con el sector de referencia dando por perdido el 2020, la economía española posiblemente enfrenta la peor crisis económica de los últimos 100 años. En este contexto, España ha hecho frente común con Italia y Francia para encontrar mecanismos de respuesta adecuados en el seno de la UE. Se intenta evitar una respuesta basada en la austeridad y el rigor presupuestaria como la que se dio a la crisis de 2008. Se razona que aquella fue una crisis económica y que ciertamente los países más afectados podían haberse alejado de la doctrina económica. Ahora, la crisis es sanitaria. Su estallido y control no está sujeta a dogmas económicos sino al principio de supervivencia tanto de los Estados afectados como de la propia Unión Europea. La brecha entre países ricos del norte y países pobres del sur, de no resolverse con consensos puede quebrar una unidad cada vez más inestable por insolidaria.
De momento, la UE ha salvado el primer match point con la habilitación de algo más de medio billón de euros para responder a la crisis sanitaria y a sus primeras consecuencias económicas. Sin embargo, las contrapartidas exigidas en las ayudas económicas garantizan semanas de inestabilidad e intenso debate donde la Unión seguirá jugándose su futuro.
Artículo para informe CombyCom «Balance internacional de una crisis distinta» por Torres&Carrera – Ecovigo
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